Por: Juan Chávez ►En México, el general en retiro Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, es investigado ya por la Fiscalía General de la República (FGR) que deberá determinar si es o no sujeto a proceso judicial.
Custodiado por alguaciles el funcionario del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto, ha sido entregado a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero y este miércoles el presidente López Obrador aseguró que “no habrá impunidad”. Declarar esto es de nuevo, por parte del mandatario, prejuzgar, adelantarse a lo que primero corresponde a la Fiscalía y luego, si de sus investigaciones, hay base, remitirlo a un juez.
Se corre el riesgo de que el general Cienfuegos sea un “nuevo Lozoya” y se acoja al beneficio de la figura que permite estar fuera de la cárcel si denuncia a alguien superior a él, que, en el caso, sería un secretario de Estado del pasado sexenio o el propio Peña Nieto.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 11 de noviembre, había puesto en poder de la FGR mexicana el expediente contra el general Cienfuegos y que integró la DEA, de 743 páginas.
De cualquier forma es extraña la exoneración otorgada por la justicia norteamericana a Cienfuegos.
La DEA lo considera culpable de tres cargos de conspiración para manufacturar, importar y distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana, además de otro cargo por lavado de dinero.
Quienes fueron los primeros en arrojar las piedras contra el inculpado son los alentadores o admiradores de la 4T, quienes de manera desaforada aplaudían la caída del exfuncionario de Enrique Peña Nieto y aseguraban que era un logro del gobierno mexicano.
Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, al conocer de la captura de Cienfuegos el pasado 16 de octubre, ironizó y aseguró entonces que “no todos los militares están involucrados en el caso”. Además, sentenció: “No vamos a encubrir a nadie. Ya pasó ese tiempo”.
Pero no pasó mucho y la situación se puso difícil entre el gobierno federal y el Ejército mexicano. Muchos militares que ocupan los puestos más importantes, por obviedad, son muy cercanos a su exjefe, a tal grado de que decidieron no cooperar más con las autoridades estadounidenses mientras duraran las incriminaciones contra el extitular de la Sedena, y presionar al gobierno mexicano para no ensuciar a la institución. Ante este escenario, tanto la actitud del presidente como la del canciller Marcelo Ebrard dieron un giro inesperado.
López Obrador cambió la retórica el 20 de octubre, al nombrarse vocero ante la prensa para el caso Cienfuegos. Algunos se sorprendieron cuando el presidente aseguró que al paisano imputado se le ofreció toda la asistencia legal, que se debía respetar su derecho a la presunción de inocencia o, incluso, un trato con el gobierno de EU para mejorar su situación jurídica. Fue un guiño del Ejecutivo a los líderes militares, pues su estrategia de gobierno reposa justamente en su relación con las Fuerzas Armadas, y la misma empezaba a colapsarse.
Y es que L(i)opez conoce bien a Cienfuegos, o eso hizo suponer el 25 de noviembre de 2018, cuando, siendo presidente electo, se reunía con 32,000 personas en el Campo Militar 1 de la Sedena. En aquel entonces, AMLO era tajante frente a la multitud: “Cienfuegos es un extraordinario militar”.
Ahora, ya en México y frente a la justicia el alto ex jefe del Ejército, a ver a cómo da las peras el inquilino de Palacio Nacional.