Por: Juan Chávez
Claro que en la llamada cumbrera de “Los Tres”, el presidente Biden, aparte de la migración y convid-19, planteará el tema del calentamiento de la Tierra en el que, insólitamente, a pesar de sus marcadas diferencias, Estados Unidos y China, que emiten más del 40% de gases de efecto invernadero, llegaron a un acuerdo para acercarse al Pacto de París y reducir considerablemente su intoxicación a la atmósfera que el mundo respira.
En México mueren más de 30 mil personas al año por la contaminación del ambiente y resultado
del compromiso en la COP26 de Glasgow entre China y Estados Unidos, seguro que en la reunión de la Casa Blanca con Joe Biden, López Obrador y Trudeau, el tema surgirá espontáneo.
De acuerdo con la agencia Bloomberg es probable que durante la reunión de los jefes de Estado versen sobre temas como inmigración, energía y el comercio, así como la recuperación económica durante la pandemia por covid-19.
Cuarenta legisladores de Estados Unidos han demandado a Biden que dé una respuesta clara a la intención del gobierno mexicano de limitar la inversión privada en el sector eléctrico y la intención de violar abiertamente el T-MEC.
Importante núcleo de la juventud mexicana ha manifestado su intención de bloquear la reforma eléctrica de AMLO que, señalan, podría impedir la transición energética.
Los jóvenes ambientalistas de 22 organizaciones, en el marco de la COP26, dieron a conocer su posicionamiento sobre la iniciativa de reforma constitucional para el sector eléctrico denominado “Por una Soberanía Energética limpia y popular que nos cuide a todas y todos”.
“Se trata de un documento que busca resumir la perspectiva sobre el proceso de iniciativa de esta reforma constitucional”, dijo Alfonso Enrique Ramos Gómez, representante de Jóvenes por Nuestro Futuro, una de las asociaciones que encabezan el movimiento. Explica que el problema de que se ponga en una ley y ahora se propongan también cambios en la Constitución, es que se generará todo un andamiaje institucional que bloquearía la transición energética.
“Esto nos parece muy lamentable”.
Desde su punto de vista esta reforma no aporta al tema de la transición energética justa y consideran que ya se nos está acabando el tiempo, que urge tomar medidas para combatir el cambio climático y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
Alfonso define la postura de los colectivos en tres cuestiones fundamentales. El primer punto es que bloquea los esfuerzos de la iniciativa privada y social, “es decir no solo las empresas transnacionales, si un ciudadano de a pie quiere colocar un panel solar en su casa o una comunidad en la sierra quiere generar su propia energía, a partir de las modificaciones planteadas no lo podrán hacer porque la reforma de AMLO cancela cualquier permiso de generación centralizando completamente a la industria en la CFE.
El falso dilema entre proteger la soberanía nacional o beneficiar al sector privado no debe ser la prioridad en el debate al cual las élites públicas y privadas quieren someternos. El tema de fondo tiene que ser la garantía y exigibilidad del derecho humano de las y los mexicanos a un medio ambiente limpio, sano, seguro, sostenible, y reconocido recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
“Queremos enfatizar que la energía es un derecho intrínseco de todos los seres humanos. No puede seguir visualizándose bajo un paradigma centralista: el futuro de la energía va más allá de una visión dominada por el Estado o por grupos corporativos”, sostienen.
En muchos países, la lucha contra el cambio climático y la transición al uso de energías renovables han sido temas prioritarios dentro de la agenda política nacional. Sin embargo, el gobierno de la cuarta ha actuado en contra de este objetivo, impulsando una política ambiental fallida con reformas como la “Ley Combustóleo” y la “Ley Apagón”, y con proyectos y programas que han aumentado deliberadamente la deforestación de nuestros bosques y la destrucción de manglares.
Según datos oficiales, México es uno de los 15 países más contaminantes del mundo. Esto a su vez ha tenido consecuencias terribles, desde una mayor presencia de desastres naturales como sequías en Chihuahua y Michoacán e inundaciones en Hidalgo y Tabasco, hasta un incremento en las personas que mueren debido a problemas respiratorios causados por la contaminación del aire.
Si bien son muchas las malas decisiones que este Gobierno de cuarta ha tomado en esta materia, son dos las que causan mayor preocupación: 1) su insistencia de intensificar el uso de energías fósiles para privilegiar al estado en un malentendido concepto de “soberanía energética” y 2) programas y proyectos altamente contaminantes.
Como ya se ha comentado ampliamente, se estima que, de ser aprobada en los términos propuestos por el presidente, la reforma constitucional en materia eléctrica incrementaría las emisiones de carbono en México hasta un 65% al intensificar el uso de las cafeteras de CFE que funcionan con combustóleo y carbón y que mandarían a la cola al uso de energías limpias y renovables.
La semana pasada, México llegó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), después de inicialmente rehusarse a firmar el acuerdo en contra de la deforestación, a pesar de que nuestro país es el número 12 en cuanto a extensión forestal. Lo que es una realidad es que el programa “Sembrando Vidas” que en teoría busca acabar con la deforestación, en realidad la ha aumentado; según datos oficiales, el año pasado se perdieron casi 130 mil hectáreas de bosques mientras que a la pobre Comisión Nacional Forestal le han mermado su presupuesto en más de 60%.
México se encuentra ya en los 10 países con los mayores niveles de desmantelamiento de bosques, selvas y manglares a nivel mundial, esto es sólo una muestra más de la enorme irresponsabilidad y falta de conciencia ecológica que ha mostrado este Gobierno.
