Ricardo Anaya Cortés, el ex candidato presidencial y ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), quien fuera referido -por el ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya Austin- como parte de una red de sobornos mediante la cual se posibilitó la aprobación de la Reforma Energética, no irá a prisión… al menos en los próximos 84 días.
La audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitaría la prisión preventiva oficiosa en contra de Ricardo Anaya, programada para este lunes, fue diferida hasta el próximo 31 de enero del año entrante, luego que el Consejo de la Judicatura Federal consideró que “no alcanzaron a imponerse la totalidad de las constancias del proceso”.
Será hasta el próximo 31 de enero del 2021, en punto de las 9 de la mañana, en la audiencia definitiva, cuando el Agente del Ministerio Público Federal solicite ante el juez de control el encarcelamiento del ex candidato presidencial, tras establecer que Ricardo Anaya cuenta con los medios suficientes para sustraerse de la acción de la justicia.
De acuerdo a fuentes de la Fiscalía General de la República, será en la próxima audiencia cuando se solicite al juez de la causa “que Ricardo Anaya sea recluido en prisión mientras se lleva a cabo el proceso penal en su contra, en donde está señalado de haber recibido sobornos por 6.5 millones de pesos del erario federal para votar a favor de la Reforma Energética”.
En el caso, que apunta con involucrar al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, también refiere que Ricardo Anaya, en su calidad de dirigente del Partido Acción Nacional, recibió fondos por más de 50 millones de pesos para entregarlos a otros legisladores de su partido, a fin de que votaran la Reforma Energética.
Las gestoras de la Reforma Energética
La llamada Reforma Energética es la modificación más importante que se realizó a las leyes mexicanas durante en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), en donde la finalidad fue concesionar los recursos energéticos del país (petróleo, gas, minas y electricidad) a favor de empresas particulares tanto nacionales como trasnacionales.
La Reforma Energética estuvo diseñada para beneficiar a un grupo de empresas que financiaron las actividades partidistas de Enrique Peña Nieto, como candidato presidencial del PRI, las que fueron encabezadas por la empresa brasileña Odebrecht, cuyo interlocutor fue el propio Emilio Lozoya Austin, a la postre director de Pemex.
Junto con Odebrecht, también financiaron la campaña de Enrique Peña y luego se beneficiaron con la Reforma Energética, empresas como Constructora Tzaulan, Sierra Oil & Gas, Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, Grupo Nuvoil, Grupo BAL, Grupo Hosto, Grupo Diavaz, Desarrolladora Oleum, Marat International y Grupo Diarqco.
También recibieron los beneficios de la Reforma Energética, empresas como Perfolat de México, Strata BPS, Consorcio Manufacturero Mexicano, Constructora Marusa, Desarrollo de Tecnología y Servicios Integrales, Compañía Petrolera Perseus, Mercado de Arenas Sílicas, Grupo R, Grupo Alfa, Constructora y Arrendadora México, Cobra Instalaciones y Servicios de España.
Otras beneficiadas también fueron Grupo IDESA, Grupo Petrofrontera, Monclova Pirineos Gas, S.A. de C.V., Construcciones y Servicios Industriales Globales, Grupo Topaz, Sierra Perote E&P, Citla Energy E&P, Servicios PJP4 de México, Sicoval MX y Nuevas Soluciones Energéticas A&P.
En total fueron por lo menos 279 empresas trasnacionales y nacionales las que aportaron fondos a la campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, mismas que al ejecutarse las concesiones amparadas por la Reforma Energética se beneficiaron con el manejo de los recursos naturales del país.
Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, al amparo de la Reforma Energética, se entregaron 110 concesiones a empresas trasnacionales y nacionales para la extracción de petróleo. Se entregaron 873 nuevas concesiones para la operación de minas a cielo abierto, se dieron 437 permisos para la obtención de gas a través de la técnica de Fracking, y se dieron al menos 172 concesiones para la producción de electricidad.
Solo en lo que hace a la producción de petróleo, a causa de la Reforma Energética -según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)- de los más de 6 mil 928 pozos de hidrocarburos que en forma diaria aportan un millón 648 mil 900 barriles de petróleo crudo y/o 88 mil 73 millones de pies cúbicos de gas natural, por lo menos 48.2 por ciento (3 mil 340) de ellos están concesionados al sector privado, y así será durante los próximos 50 años.
La Red de Corrupción
Para lograr que el sector energético nacional pasara a manos del sector privado, para eso se hizo la Reforma Energética, la que no hubiera sido posible sin la aprobación de los legisladores del PAN y del PRI, que en la administración del presidente Peña Nieto se conformaron en un solo bloque, el que fue organizado por Emilio Lozoya y Ricardo Anaya.
Por instrucción de Luis Videgaray Caso, según refiere el proceso penal en curso, Emilio Lozoya entregó sobornos, algunos de ellos vía Ricardo Anaya, a diversos legisladores del PAN, para que se aprobara la ley, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, a fin de posibilitar la entrega de concesiones energéticas a empresas particulares.
En su declaración del 11 de agosto de 2020, rendida ante la FGR, Emilio Lozoya señaló que por instrucción de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray se destinaron “importantes sumas de dinero a los grupos parlamentarios” para que aprobaran la Reforma Energética.
De acuerdo a Emilio Lozoya, se cuantificó esas “importantes sumas” en por lo menos 80 millones de pesos, que recibieron directamente los senadores Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como el entonces diputado Ricardo Anaya Cortés, los que a su vez distribuyeron los sobornos entre los miembros de la bancada panista.
Los sobornos para aprobar la Reforma Energética también alcanzaron a los legisladores del PRI, del PVEM y del Panal, y se estima —de acuerdo con una fuente de la bancada del PRD, que votó en contra de la Reforma— que los sobornos fueron por el orden de los 5 millones de pesos para cada legislador, los cuales se distribuyeron a través de sus coordinadores de bancada.
En el Senado, los sobornos a los legisladores los entregó, a la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón; a la del PAN, Ernesto Cordero Arroyo; y a la del PVEM, Jorge Emilio González Martínez. En la Cámara de Diputados, a los priistas los sobornó el líder de fracción, Manlio Fabio Beltrones; a los del PAN, Luis Alberto Villarreal García; a los del PVEM, Arturo Escobar y Vega; y a los del Panal, Lucila Garfias Gutiérrez.
Como resultado de esos sobornos a los legisladores de las dos cámaras, estos aprobaron la Reforma Energética, votando a favor un total 209 diputados del PRI, 107 del PAN, 28 del PVEM y diez del Panal, que sin restricción alguna y a pie juntillas siguieron la instrucción dictada por Enrique Peña y Luis Videgaray a través del titular de Pemex, Emilio Lozoya.
En la Cámara de Senadores, cuya mesa directiva en ese momento la encabezaban Raúl Cervantes Andrade (PRI), Ana Lilia Herrera (PRI), José Rosas Aispuro (PAN) y Luis Sánchez Jiménez (PRD), fueron 96 senadores del PRI y del PAN, los que —también bajo el mandato del dinero— votaron a favor de la Reforma, mientras que otros 28 legisladores del PRD y PT se negaron a los sobornos, y votaron en contra.
La cárcel… solo cuestión de tiempo
Con ese antecedente es que la FGR ha decidido que una vez que se desahogue la audiencia preliminar definitiva, en el caso de Ricardo Anaya, se habrá de solicitar la prisión preventiva oficiosa contra el inculpado, quien hoy se encuentra radicando en Estados Unidos tras reconocer públicamente la posibilidad de su encarcelamiento.
La prisión preventiva de Ricardo Anaya, que se sumaría a la de otros implicados en esa red de corrupción, como el ex senador Jorge Luis Lavalle Maury y el propio Emilio Lozoya, ha llamado la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia de prensa habitual de este lunes se deslindó de la actuación del fiscal Alejandro Gertz Manero, y solo refirió la complicidad entre Ricardo Anaya y el ex presidente Enrique Peña Nieto para concretar la Reforma Energética.
Este lunes al suspenderse la audiencia preliminar del caso, el defensor de Ricardo Anaya, el abogado Eduardo Aguilar, al solicitar el último aplazamiento de la audiencia dijo que la defensa requería más tiempo para preparar el caso y consideró que “La acusación es absurda y completamente falsa y necesito tiempo para demostrarlo”, estimando que necesita al menos casi un año más para leer un informe de 137 mil páginas.
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