Por: Juan Chávez
Salinas lo alentó. Le procuró dinero y solapó sus protestas y amenazas de volar los pozos petroleros de Tabasco que ya mantenía bloqueados.
Peña lo elevó, le construyó el nicho y altar que lo condujo a la Presidencia de la República.
Son los dos ex mandatarios los extremos de la cadena de expresidentes de los últimos 30 años, desde 1988 hasta 2018 que, por iniciativa del presidente López Obrador, se pretende enjuiciar y meterlos al bote por corruptos.
Además de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, en tal enjuiciamiento entrarían los ex Ernesto Zedillo y los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
Es la explotación del morbo del pueblo mexicano que en el siglo pasado se alimentó con la nota roja desplegada en la prensa escrita y que ahora “vive feliz” con el amarillismo político que le receta dodos los días en sus conferencias matutinas, el señor López bajo el estandarte de “combatir la corrupción hasta limpiar a México”.
Extraño, por donde se vea y como se quiera ver, es que en su reclamo por someterlos a juicio penal, no haya siquiera prendido y apagado una veladora –como creyente que es–, en perjuicio de José López Portillo, el presidente que pidió a los mexicanos aprender a “administrar la riqueza petrolera” y que propicio que la mayor corrupción de todos los tiempos, galopara con los mejores ritmos para que Carlos Hank González, Arturo Durazo y otros, se enriquecieran hasta el punto, este último, de erigir el lujoso Partenón de Ixtapa Zihuatanejo que, por cierto, no ha entrado a las subastas organizadas por el tabasqueño para que “devuelvan al pueblo lo robado”, a pesar de ser calificado como el “monumento a la corrupción”.
Salinas, en sus últimos tiempos, puso en manos del Presidente que ahora quiere poner a sus antecesores bajo los dictados de la ley penal, todo el dinero que requería para mantener vivos los actos de su nostalgia por el poder
El conducto para hacer llegar bolsas con fajos de billete, fue el desaparecido Manuel Camacho Solís que fingía como jefe del entonces Departamento del Distrito Federal y fungía como secretario de gobernación. Fingía que fungía pues en el antiguo edificio del Ayuntamiento.
En la LI Legislatura de la Cámara de Diputados, de la que fui coordinador de Comunicación Social bajo la férula de su líder Luis M. Farías, me constó como se legitimó, desde la supuesta alta tribuna del pueblo, la desaparición del “pulpo camionero” y se abrió paso a la Ruta-100 como negocio del hombre que se autodefinió como supermillonario con aquella frase “Un político pobre, es un pobre político”.
Carlos Hank González, en efecto, de humilde profesor rural, se encumbró al poder económico con negocios –transporte de pipas petroleras en el noroeste—que su protector Isidro Fabela puso en sus manos; luego se especializaría como el negociante en el poder político desde la tesorería de la presidencia municipal de Toluca.
Amasó y amasó fortunas, y la que me consta de la Ruta-100, ya tenía en exclusiva la producción de los autobuses en la planta automotriz que había montado en Santiago Tianguistenco.
-No debe aprobarse tal acuerdo, sugerí.
Farías, seco y contundente, me respondió:
-Lo pidió López Portillo.
Eran los encuadres del empresario-político desde la cúpula del poder mismo.
Hoy se quiere llevar a juicio a los expresidentes. Diputados y senadores de Morena ya aprobaron el “negocio político” al Presidente que les envió la iniciativa de la consulta a la ciudadanía.
Pudo haberse optado porque ambas cámaras los enjuiciaran, pero se decidió ir a la consulta como herramienta más útil a los fines electorales del partido de López (Morena), con vistas a las elecciones de 2021 en que se elegirán en las urnas más de tres mil puestos de elección, entre ellos 500 diputados federales, 15 gobernadores, diputados de 30 congresos locales y 1,926 presidentes municipales.
Pero la consulta es inconstitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha rechazado cuatro peticiones de consulta popular, una de ellas con el proyecto que le correspondió elaborar a la ministra Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación de AMLO.
La consulta requiere ser apoyada por casi dos millones de firmas. Mario Delgado, el coordinador de la mayoría morenista en la cámara de San Lázaro se comprometió a recabar firmas. Pero hay un obstáculo para lograr el apoyo ciudadano a la consulta: el plazo, que se vence el día del Grito sin gente y de la rifa del avión presidencial sin avión.
El otro problema es la pregunta que ya formularon los morenistas asistidos por el INE de Lorenzo Córdova. Ahora, tiene que ser aprobada por la Corte, que también deberá definir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la consulta.
Pero no será, en todo caso, como pretenden López Obrador y sus corifeos. No habrá concurrencia de la consulta con el día de elecciones. La Ley Federal de Consulta Popular marca su celebración, si llega a darse, para el primer domingo de agosto de 2021.
Además para que la consulta sea vinculatoria deberá ser votada por el 40% del Padrón Electoral, más de 40 millones de votos.
Queda corroborado pues que el maniobrero Presidente pretende, con la consulta, que el “pueblo bueno” enjuicie a los ex presidentes.
Desde 1965, sin embargo, Gustavo Díaz Ordaz enjuició a López. En su primera gira como Presidente, en el puerto de Veracruz, respondió al entonces gobernador Fernando López Arias apodado “Pico Chulo” que, por estar lloviznado, le comentó al mandatario:
-Hemos tenido malos días…
La respuesta, con el humor negro que caracterizaba a GDO, puso a bailar al mandatario estatal:
-Hemos tenido peores López (y ahora, yo incluyó al actual que nos desgobierna).
Y pongo punto final:
La Ley no se consulta, se aplica y usted, Presidente, puede denunciar a los ex y meterlos a la cárcel. Pero su abuso del poder no lo deja obrar en concordancia a sus apetitos autoritarios llenos de ocurrencias. O en su rayana arrogancia quiere que la “gente buena” dé luz verde a su capricho de enjuiciar a los ex mandatarios.
