Por: Juan Chávez
En los tiempos del presidente Gustavo Díaz Ordaz se declaró ciudadanos a los jóvenes de 18 años de edad. Se les dotó de capacidad para votar en las elecciones.
El anuncio lo hizo Luis Echeverría que a la sazón fungía como secretario de Gobernación y que declaró que, de tal suerte, los jóvenes “podrán decidir el futuro de la nación”.
No estuve de acuerdo y le repliqué a Echeverría que, de conformidad con la Constitución, los jóvenes obtienen la mayoría de edad a los 21 años y que como ciudadano a los 18, podrá decidir el futuro del país, pero no el suyo dado que, para poder casarse, tendría necesariamente que contar con el acuerdo de sus padres para la firma correspondiente en el Registro Civil.
La ley fue aprobada y desde entonces los jóvenes a los 18 son ciudadanos menores de edad, porque la mayoría la obtienen 3 años después.
Ahora, en materia fiscal, se repite el fenómeno. Los jóvenes, a los 18 años cumplidos tendrán que inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o Sistema de Administración Tributaria (SAT), tengan o no ingresos.
La medida recién aprobada por la Cámara de Diputados es obligatoria y AMLO, en la iniciativa, había demandado la aprobación con una sanción por 10 mil pesos a los jóvenes que no la cumplieran.
La oposición, por fortuna, impuso sus criterios tras acaloradas discusiones, tomas de tribuna y manifestaciones violentas y empujones y logró que se eliminara la sanción económica.
La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, explicó el viernes a los senadores los porqués de la iniciativa para que toda persona adulta, a partir de los 18 años, tenga que registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los cambios al régimen de donatarias que han sido tan criticados por la iniciativa privada.
Buenrostro fue desglosando los distintos tipos de fraudes fiscales a los que recurrían los grandes despachos de contadores y auditores, los fiscalistas de renombre al servicio de empresas importantes, sin evitar dar nombres, como en el caso de Interjet, que durante ocho años retuvo el Impuesto Sobre la Renta a sus empleados y no lo enteró a la Federación y, aun así, obtenía dictámenes positivos.
Buenrostro resolvió dudas sobre dos de los temas que concentraron la atención en días pasados. La incorporación al RFC desde los 18 años, dijo, se debe a la necesidad de generar una cultura fiscal, ciudadana y del combate al fraude y al robo de identidad: “Queremos que cuando los jóvenes alcancen su mayoría de edad también sean conscientes de que en algún momento tienen que contribuir con la sociedad una vez que entren al mercado laboral”, dijo a los senadores.
Sobre los donativos, reveló que solo son unas 50 las personas físicas que se verán afectadas por la reforma a la Ley del ISR y, en particular, siete integrantes de dos familias, que son quienes han concentrado los beneficios fiscales por donativos, al grado de haber deducido unos 340 millones de pesos en recursos donados a sus propias fundaciones en los últimos años. Tan solo en las deducciones fiscales de 2020 “se inventaron 732 millones de pesos adicionales”.
La exigencia a los jóvenes de 18 de inscribirse en el RFC se suma a la ciudadanía que el díazordacismo le impuso a la misma edad. Ambas cosas, si se piensa positivamente, resultan inútiles porque generalmente a tal edad, el joven todavía es dependiente de la economía de sus padres.
Salta el riesgo, sin embargo, de un considerable núcleo de jóvenes rebeldes que mejor se echarán a la calle para no sentirse cautivos del sistema que cobra impuestos… y que el crimen organizado
pescara ofreciéndoles buen pago nomás por aprender a jalar el gatillo y sin descuento impositivo alguno.