El Ayuntamiento de Valle de Bravo, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), frenó obras por parte de un desarrollo inmobiliario, ubicado en un área de preservación ambiental.
Derivado de la revisión exhaustiva del proyecto, el Ayuntamiento de Valle de Bravo, a través de su Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, procedió a la colocación de sellos de suspensión de la obra por no contar
con la licencia de construcción.
En tanto, la PROFEPA clausuró dicho desarrollo por contravenir la legislación ambiental, cuya zona está catalogada como “Superficie de Aprovechamiento de Recursos Naturales”.
En ese sentido, el Ayuntamiento de Valle de Bravo informó que vigilará el proceso y garantizará el derecho de las y los vallesanos a la protección del medio ambiente, además de mantener en todo momento la estrecha
colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
En su red social, la alcaldesa de Valle de Bravo Dra. Michelle Núñez Ponce expresó el siguiente mensaje:
“Informamos que el Ayuntamiento de Valle de Bravo , colocó sellos de suspensión a una obra privada, debido a que no cuenta con la licencia de construcción respectiva. En Valle de Bravo garantizamos la protección de nuestros recursos naturales sobre los intereses de privados, y la coordinación con autoridades del Gobierno de México es la clave para proteger las zonas de preservación ambiental. A las y los vallesanos les garantizamos que nunca más permitiremos el daño ecológico en nuestro Municipio, en coordinación con la PROFEPA“.
ANTECEDENTES ILEGALES DE LA CONSTRUCCIÓN “STUPPA RANCH”
Hace aproximadamente 1 mes salió publicada la apertura de consulta publica de un proyecto de nombre “Stuppa Ranch”. Una construcción que aún sin autorización, ya se estaban realizando trabajos en la zona del Capulín, Avándaro. Este proyecto pretendía la construcción de un hotel y un desarrollo inmobiliario de 13 residencias de más de 600 m2 cada una. Aunque las densidades no son altas, el proyecto se está presentando de forma segmentada, sin evaluarse los el impacto ambiental.
Otra de las anomalías detectadas fue que ya habían removido vegetación forestal, un acto ilegal que genera graves desequilibrios ecológicos.
En este tenor, se solicitó que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) realicen las inspecciones necesarias para verificar que no se desvíe el agua de los manantiales hacia presas privadas, y con ello impedir la privatización de lagos artificiales que ocasionan detrimento en el Sistema Cutzamala, situación que trae consecuencias directas sobre la población que se abastece de agua a través de dicho Sistema”.
